Consejo de Estado ordena avanzar en las bases de una política farmacéutica

La decisión dispone la conformación de una mesa de trabajo que deberá abordar, entre otros asuntos, precios, abastecimiento, regulación, financiación, investigación, innovación y producción farmacéutica.
El Consejo de Estado confirmó, con algunas modificaciones y adiciones, la sentencia que ordena conformar una mesa de trabajo cuyo propósito principal será establecer las bases de una nueva política farmacéutica nacional, en desarrollo del artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud.
La decisión fue adoptada el 17 de septiembre de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 12 de diciembre de 2024.
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La nueva política podrá materializarse mediante un documento CONPES que renueve el CONPES 155 de 2012 o a través de otro instrumento jurídico idóneo en el que se definan sus lineamientos, las acciones necesarias para enfrentar los problemas identificados y los mecanismos de financiación.
La mesa estará dirigida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el Invima, y contará con la participación de entidades del Gobierno, la industria farmacéutica, mayoristas, EPS, IPS, gestores farmacéuticos, pacientes, usuarios, academia y la Procuraduría General de la Nación.
Entre los asuntos que deberá estudiar están la reformulación de la política de control de precios, distintas estrategias de regulación del mercado, las compras públicas, los sistemas de información sobre inventarios y precios, el control electrónico de la facturación, el desabastecimiento de medicamentos, el fortalecimiento del Invima, la propiedad industrial y los mecanismos de financiación y saneamiento del sistema de salud.
“Esta es una gran oportunidad para construir una política farmacéutica integral, ajustada a las necesidades del país: que proteja las finanzas del sistema, garantice acceso y abastecimiento, y al mismo tiempo fortalezca la investigación, la innovación y la producción nacional”: Carlos Francisco Fernández, presidente Ejecutivo de ASINFAR.
La sentencia incorpora además un componente especialmente relevante para el país: el diseño y ejecución de una política de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y producción de la industria farmacéutica para la autonomía sanitaria de Colombia.
Para Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar) la decisión constituye una oportunidad para abordar la política farmacéutica desde una perspectiva más amplia.
“Esta es una gran oportunidad para construir una política farmacéutica integral, ajustada a las necesidades del país: que proteja las finanzas del sistema, garantice acceso y abastecimiento, y al mismo tiempo fortalezca la investigación, la innovación y la producción nacional”, señaló Fernández.
A su juicio, la discusión no puede limitarse al precio de los medicamentos. El reto está en construir una política capaz de responder de manera simultánea a las necesidades de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la disponibilidad de medicamentos y el fortalecimiento de las capacidades productivas del país.
La sentencia establece además que la mesa deberá conformarse dentro del mes siguiente a la notificación de la decisión y que será el Ministerio de Salud el encargado de presidir sus reuniones y presentar los respectivos informes de avance.
El Consejo de Estado confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia y ordenó adicionalmente la creación de un comité de verificación encargado de hacer seguimiento a su cumplimiento.
La decisión abre así una nueva etapa para la política farmacéutica colombiana, con una agenda que supera el debate exclusivo sobre precios y pone en el mismo escenario el acceso, el abastecimiento, la sostenibilidad, la regulación, la investigación, la innovación y la producción nacional.
Por: Edwin Caicedo, periodista de EL TIEMPO


